Sancionan a policías de Vallarta por abuso de autoridad

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Pagaron una multa de cuarenta y cuatro mil pesos policías municipales y una trabajadora social de Puerto Vallarta pagan $44 mil pesos que le quitaron una niña a su familia sin seguir el procedimiento de ley.

Los policías municipales Jaime “N” y Sandra Leticia “N”, así como la trabajadora social Delia “N”, adscritos a la Comisaría de Puerto Vallarta, lograron la suspensión condicional del proceso que se les sigue por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración pública y en otros ramos del poder público.

El Juez, les concedió la suspensión a cambio de pagar 44 mil pesos como reparación del daño a la víctima.

Todo ocurrió a finales de agosto de 2022, cuando los policías atendieron un reporte sobre una niña que se encontraba sola y llorando en una casa en Vallarta. 

Al llegar a la vivienda, observaron que la ventana y la puerta de la casa estaban abiertas. Los elementos llamaron a la menor y cuando salió la aseguraron y trasladaron a la Comisaría de Seguridad Ciudadana; sin embargo, no solicitaron mando y conducción del Ministerio Público ni dieron vista a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, como establece el procedimiento.

La niña fue puesta a disposición de la trabajadora social Delia “N”, adscrita a los juzgados municipales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, quién le preguntó el nombre de sus padres y con esa información procedió buscarlos en redes sociales y localizó a la mamá, a la que llamó para que se presentara a recoger a la niña, la que temporalmente fue resguardada en los separos de la policía en lugar de derivarla a instalaciones del DIF.

La madre se presentó a recoger a su hija y posteriormente llegó el padre, con quien vivía la menor pues tenía la custodia provisional. Sin embargo, los policías lo detuvieron argumentando que se presentó agresivo y con aliento alcohólico, y entregaron a la menor a la mamá.Tras los hechos ocurridos, el padre presentó una denuncia ante la Fiscalía Estatal que la remitió a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, donde iniciaron el proceso contra los servidores públicos que terminaron inculpados y sancionados.

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